Legalizar el aborto, rescatar a la república

Legalizar el aborto, rescatar a la república

diciembre 12, 2020 0 Por quetepasa

Debilitada en el Parlamento, la estrategia opositora será judicializar las medidas del gobierno. Y la carta de Cristina Kirchner advierte que para eso puede contar con la complicidad de la Corte, lo que rompería las bases del funcionamiento republicano.

La posibilidad de legalizar el aborto llegó con mucha dificultad a la Argentina, igual que el divorcio, el matrimonio igualitario y la educación sexual en las escuelas. La desmesurada batalla cultural que implicó e implica cada una de esas decisiones relacionadas con las rémoras de una sociedad patriarcal planteó siempre un escenario ficticio y otro donde la realidad le ganaba de mano a los congresistas y a las iglesias. La voluntad, la tradición, el dogma o la ley no pueden negar lo que es real y existe con una dinámica inapelable y letalmente clandestina. La media sanción en Diputados tiende a acomodar la ley con la realidad, lo cual es mejor que ignorarla, porque así permitirá su mejora.

En 1989, la diputada radical Florentina Gómez Miranda había presentado un proyecto para despenalizar el aborto. Y en la calle le gritaban “¡Florentina, Florentina, querés ser diputada y sos una asesina!” Era otro radicalismo, una fuerza que pujaba por ubicarse en un espacio progresista. Esta vez, desde una alianza conservadora, el comité Capital de la UCR informó que apoyaba la despenalización, pero nueve senadores de ese partido ya anunciaron que votarán en contra.

La aprobación de la ley será sólo el primer paso. Los que se han opuesto son los mismos que se oponen a la educación sexual, al uso de preservativos y en general al derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. La violencia de género proviene la mayoría de las veces por la negación de ese derecho que no es ningún invento de la modernidad, sino un reconocimiento civilizatorio elemental.

Son capas de violencia que se acumulan sobre la mujer y que se naturalizan con teorías forzadas, algunas con raíces religiosas feudales, originadas en épocas cuando la mujer era considerada inferior, subordinada a los hombres. Ahora nadie se atrevería a discutir el derecho de la mujer al voto y es un derecho que se logró no hace tanto.

Muchos de los que se han movilizado contra el proyecto, han sido parte también del movimiento de rechazo a la educación sexual integral en las escuelas porque consideran que quieren convertir a sus hijos en homosexuales y aseguran que la homosexualidad es una enfermedad. No hay forma de adornar con gestos de moderación el rechazo al voto femenino o al divorcio.

Lo mismo sucede con este debate. Es una discusión que tiene tanto arraigo en esta realidad que si a nadie se le podría ocurrir sacarle el derecho al voto a la mujer, de la misma manera nadie podrá plantear en el futuro mediato volver a penalizar el aborto. Son rémoras de un pasado feudo patriarcal que no encajan siquiera en una sociedad capitalista donde las mujeres trabajan, gobiernan o legislan a la par de los hombres.

El debate sobre la legalización del aborto coincidió con el primer aniversario del gobierno de Alberto Fernández. Algunos diputados de la oposición afirmaron que este proyecto era la cortina de humo de un gobierno sin rumbo. Pero lo real, es que si algo comprobó el envío de este proyecto de ley al Congreso, es justamente que tiene rumbo porque fue una de sus promesas de campaña.

Varios oradores subrayaron que no era el momento de discutir este tema cuando el 44 por ciento de los argentinos está por debajo de la línea de pobreza. Pero el debate no es excluyente, por lo que el argumento es una forma de tirar la pelota afuera. Es un tema que Juntos por el Cambio ha enfatizado esta semana al hacer el balance de este primer año del gobierno de Alberto Fernández.

El documento, que fue firmado por todos los dirigentes de la alianza conservadora, incluyendo al jefe de gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, tiene el tono duro de los manifestantes anticuarentena y cuestiona todas las decisiones del gobierno. La circunstancia ameritaba reflexionar si una situación de crisis extendida creada por un factor externo, como la pandemia, no hubiera exigido una actitud de responsabilidad especial por parte de la oposición.

En el tono y los enfoques de todos los temas se vislumbra la estrategia de Juntos por el Cambio de derechizar y endurecer su posición para contener la sangría de siete u ocho puntos de su caudal que pueden provocar los seguidores de Espert y Milei, según algunas encuestas.

La sociedad asignó a Juntos por el Cambio el papel de oposición. Pero la epidemia plantea problemáticas de muchísima gravedad que afectan a la sociedad en su conjunto. Son cuestiones de vida o muerte, relacionadas con la responsabilidad social ante la epidemia y la profunda crisis económica mundial.

La decisión de los dirigentes de Juntos por el Cambio para evitar esa sangría de votos puso al tacticismo partidario por encima de los problemas graves del país. La política reducida al tacticismo es politiquería y es tan contraproducente como el purismo sectario.

Las críticas de la alianza conservadora abarcaron todos los temas pero enfatizaron el manejo de la epidemia y la situación social. En ese contexto no se entiende la participación de Larreta en las conferencias de prensa con Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof. El jefe de gobierno de CABA nunca dijo nada de lo que ahora dice el documento que firmó.

Antes de hacer un balance de su adversario, una fuerza política que fue derrotada en primera vuelta por amplio margen después de gobernar nada más cuatro años, tendría que haber presentado su propio balance sobre ese fracaso.

Es una deuda que tienen no sólo con la sociedad sino, sobre todo, con su base electoral. Los índices socioeconómicos como pobreza, desocupación o indigencia, crecieron drásticamente cuando fueron gobierno sin que mediara ninguna catástrofe como la pandemia. Ahora denuncian esos índices que nunca les importaron, y lo hacen sin tener en cuenta el desastre ocasionado por la pandemia. El texto aludió también a que medidas como el aporte de las grandes fortunas o el intento de estatizar Vicentín crean inseguridad jurídica.

La carta de Cristina Kirchner que circuló esta semana sobre el Poder Judicial salió al cruce de este discurso porque colocó a la Corte como aliada de Juntos por el Cambio en el lawfare. Y advirtió que la Corte podría ser cómplice en la judicialización de medidas del gobierno, sobre todo en el plano de la economía.

La carta de la ex presidenta hizo un paneo sobre la persecución judicial contra ella y contra ex funcionarios de sus gobiernos en el pasado, pero advirtió que esa estructura judicial que se usó para el lawfare permanece intacta y será utilizada ahora para interferir con el gobierno de Alberto Fernández. Aludió principalmente a medidas económicas, como el aporte extraordinario de las grandes fortunas o la quita de un porcentaje de coparticipación a la CABA.

Claudio Bonadio y Carlos Stornelli se han convertido en personajes públicamente desprestigiados, pero la Corte convalidó las prácticas que los desprestigiaron. La presidenta criticó las actuaciones en el pasado, pero puso el énfasis en que si se mantiene ese artefacto judicial creado por el gobierno de Mauricio Macri y su mesa judicial, habrá interferencias en el funcionamiento democrático de este gobierno.

La vicepresidenta identificó la actitud persecutoria de algunos fiscales y jueces, y expuso a la Corte como cabeza de esas políticas. Está planteando que la estrategia de la oposición debilitada en el Parlamento será judicializar las medidas del gobierno. Y que ese trámite contará con la complicidad de los altos magistrados.

La carta de la vicepresidenta circuló cuando es inminente el debate por las reformas judiciales que propuso el Poder Ejecutivo y al mismo tiempo que el Consejo Consultivo integrado por reconocidos juristas entregó al Presidente un bibliorato de mil páginas con sugerencias sobre democratización y modernización del Poder Judicial.

El planteo de Cristina Kirchner es que la Corte atenta contra la independencia del Poder Judicial y rompe el esquema republicano al alinearse con intereses económicos y partidarios representados por el lawfare macrista y al avalar procedimientos que van desde el espionaje a prisioneros políticos hasta la extorsión de testigos. No existe la República en ese esquema donde la Corte falla según planteos ideológicos y políticos.